Francisco Delgado Morales – ATTAC Cádiz.

Y el pueblo habló. La ciudadanía tomó las calles en más de 80 ciudades de toda España de forma multitudinaria. Personas de toda clase y condición: sindicalistas, funcionarios, desempleados, mayores, jóvenes… La gente reaccionó ante las brutales medidas tomadas por el Gobierno vía Decreto. Decía Rajoy en una reunión con representantes de la UE que la reforma laboral le costaría una huelga general, pero el último paquete de medidas le puede costar la presidencia del Gobierno. La rápida sucesión de acontecimientos y de recortes han encendido la mecha social de las movilizaciones que ahora es difícil de parar. La indignación del 15M ha dado paso a un nuevo estadio colectivo que se rebela con fuerza ante lo injusto del reparto de las cargas de los mal llamados “ajustes”.

A pesar del cambio de la estrategia de comunicación de las medidas, en las que se ha pasado de las risitas de Soraya y Montoro al gesto compungido de la Vicepresidenta y al silencio de aplausos tras aprobar el último paquete recortes, y del reconocimiento expreso de la impotencia en la toma de decisiones, sólo lo hacen porque no les queda más remedio, la ciudadanía salió a la calle y le dijo a Rajoy que el puede tener la presidencia pero que no olvide que es el pueblo es quien la otorga.

Porque, si partiéramos del erróneo enunciado del problema del déficit y gasto púbico en España, la ciudadanía podría entender los recortes y bajo la expresión “hay que apretarse el cinturón” acatarían muchas de las medidas de ajuste. Pero no es así. El planteamiento es falso, no se trata de crisis sino de una gran estafa, como ya ha dicho prestigiosos economistas como Juan Torres o Vincent Navarro. Se trata de una estafa en la que una deuda bancaria está pasando, gracias a la labor del Gobierno, a ser Pública y los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de ella mientras los culpables se van de rositas con los bolsillos llenos. Y para conseguirlo se están tomando una serie de medidas injustas y socialmente asimétricas en las que el Gobierno, chantajeado o no por el poder financiero, está sacando su verdadera cara, ese programa oculto que siempre se dijo tenía la derecha y que ahora, legitimado por la crisis, saca para desmontar uno por uno los principios del Estado de Bienestar, fundamentos de la convivencia de nuestra sociedad. Porque, por mucho que nos quieran hacer creer, no se pueden reducir las prestaciones por desempleo, congelar salarios a funcionarios, subir el IRPF, el IVA, imponer el medicamentazo, el despido libre o reducir el porcentaje de las prestaciones a los dependientes, recortar en profesores y becas sin antes implementar un impuesto a las grandes fortunas, gravar las transacciones financieras, tocar las SICAV, hacer que todas las CCAA cobre el impuesto de patrimonio, quitar desgravaciones que alguna CCAA tiene en la educación privada, cobrar el IBI a la Iglesia o perseguir el delito fiscal en vez de promover una amnistía, por poner algunos ejemplos. Como puede verse en las medidas al final siempre “pagan” los mismos: la ciudadanía en general, el pueblo, los más débiles, pensionistas, dependientes, desempleados…mientras que ninguna de las medidas afectan a los tracionales sectores privilegiados social y económicamente. No es un ajuste económico, es un ajuste ideológico.

A ello debe añadirse la soberbia postura de un Gobierno que no ve, no oye, no escucha. Que no tomas medidas contra el mayor insulto recibido por el pueblo en la sede en la que reside la soberanía, el Parlamento: “que se jodan” espetó Andrea Fabra refiriéndose a los parados, y no al PSOE como dijo, y pelillos a la mar. Un Presidente que huye de la prensa, que niega una cosa por la mañana y la afirma por la tarde, unos ministros que se contradicen entre ellos y un partido en el Gobierno que niega el propio debate del rescate, mientras eso mismo pasa en Alemania, Holanda o Finlandia.

Se trata de un momento en el que la ciudadanía observa además que mientras a ella se le exige y se le recortan derechos ve una clase política ensimismada, absolutamente alejada de la realidad que legisla, con una serie de prebendas, que son entendidas como privilegios, a la que no les afecta nada lo que está pasando y donde no se producen ajustes de ningún tipo. Muchos podrían decir que recortar algo el sueldo, o cualquier otro “privilegio” a los Diputados, no supondría prácticamente nada en el total de los ingresos del Estado, pero la política no sólo es ética sino además estética.

Y en esto que el país se hunde. La prima se dispara y la Comunidad Valenciana, “gracias al despilfarro de la herencia socialista”, pide el “rescate” a un Estado rescatado e intervenido de facto. Decía Einstein que si no quieres obtener los mismos resultados no utilices el mismo método. Pues Rajoy y su Gobierno no lo entienden así y Montoro anuncia que habrá que renunciar a los servicios públicos que “no podemos pagar”. Lo que en sí mismo supone la aniquilación de lo poco que queda de los servicios sociales y de bienestar del Estado que, por definición, son deficitarios económicamente.

Pero este 19 de julio ha puesto las cartas sobre la mesa. Rajoy y su Gobierno tienen por objetivo la destrucción del Estado de Bienestar, ha quedado claro su finalidad y cuales son los intereses que defienden, los de los poderosos. Y la ciudadanía ha dicho hasta aquí llegamos. No valen más contradicciones y el cupo de las mentiras está sobrepasado. De ahora en adelante cada nueva medida que tome el Gobierno será una nueva manifestación, una nueva huelga, una nueva movilización y protesta ciudadana. Acaba de empezar el movimiento social, costó echar a andar pero ahora va a ser difícil pararlo. No reflexionar sobre el éxito multitudinario del 19J posiblemente sea el fin político de la presidencia de Rajoy. En esta situación, y ya que no creo que de marcha atrás en los recortes y reformas propugnadas, sólo le queda convocar un referéndum sobre el rescate, dar la voz a la ciudadanía para que decida ante una cuestión de tal importancia, dimitir y convocar elecciones. Todo ello si antes la Sra. Merkel, Draghi y compañía no lo “destituyen” y nos intervienen ya del todo.

De cualquier manera, el 19J ha servido para decirle a Rajoy que la calle es el BOE del pueblo. Y eso tiene más fuerza que cualquier Decreto.

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